La actividad represiva de la Brigada Político-Social está aún por investigar y no debe olvidarse

Miquel Zueras

Es ya una evidencia, sobradamente acreditada por la investigación histórica, la significación de la violencia y la represión como elemento central del golpe militar de 18 de julio de 1936 y del Estado totalitario definitivamente implantado al final de la contienda militar. Violencia y represión que se aplicaron a través de todas las jurisdicciones represivas, además de las ejecuciones sumarias extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y otras formas de terror.

La institucionalización de la represión contra toda la oposición democrática disponía de varios instrumentos básicos y necesarios. Entre ellos estaban los diversos cuerpos policiales y, particularmente, la Brigada Político-Social, constituida en todas y cada unas de las jefaturas superiores de Policía, bajo la dirección política de los correspondientes gobernadores civiles. Era una policía política que, carente de todo control judicial y con una constante vulneración de las garantías y derechos de los ciudadanos, investigaban y detenían a quienes disintieran o se opusieran por cualquier medio a la dictadura a la que este cuerpo servía y protegía con todos los medios a su alcance. El aparato policial franquista era la primera e inmediata expresión del terror impuesto por la dictadura.

La Brigada Político-Social fue creada por ley de 2 de septiembre de 1941, y concentraba, con los servicios de información de la Guardia Civil, todas las competencias sobre represión política, que ejercían a través de seguimientos, intervenciones telefónicas ilegales, violaciones de la correspondencia privada, investigaciones de las que nunca dieron cuenta a la autoridad judicial, detenciones arbitrarias e indefinidas –en comisarías o centros de detención habilitados, sin poner al detenido a disposición judicial–, la aplicación sistemática de la tortura y otras prácticas policiales –llevadas a cabo a veces conjuntamente con otros cuerpos de seguridad, militares o falangistas–, como el hostigamiento sistemático de la oposición democrática. Toda su actividad represiva y criminal está aún por investigar.
La gravedad de sus actuaciones fue denunciada en los informes de Justicia Democrática de 1971, 1972 y 1973. En el primer informe se hacía una amplia referencia a las consecuencias de la declaración del estado de excepción en Guipúzcoa en 1970 y de la suspensión del artículo 18 del Fuero de los Españoles por decreto-ley 15/70, de 14 de diciembre, medidas que, según aquellos informes, promovían la generalización de la detención policial indefinida, con un “poder judicial que era utilizado descaradamente para santificar medidas arbitrarias”. Los informes decían: “La simple suspensión del artículo 18, unida al riguroso empleo de las impresionantes facultades ordinarias en manos del Gobierno y su Brigada de Investigación Social, cubría la mayoría de los objetivos que se pretendían alcanzar”.
También se hacía alusión a la “hipertrofia antijurídica de las facultades gubernativas” y a “las torturas policiales en régimen de expresa impunidad”. En el informe correspondiente a 1973 se reseñaban las relaciones de la policía y la justicia, y se afirmaba que “las brigadas político-sociales parece que llegaron a creer que los juzgados de guardia de la jurisdicción ordinaria no especializada eran algo así como oficinas de homologación y aprobación automática de sus iniciativas investigatorias”. Era una valoración acorde con la apreciación que se hacía en dicho informe: “Ningún juez se atrevería a excusar la tortura en una resolución, pero algunos cierran sistemá- ticamente los ojos a todo signo de tortura y suscriben el argumento de la necesidad de la tortura como método de investigación para no dejar inerme –así suele decirse– al Estado”.
Las actuaciones de las brigadas sociales se mantuvieron activas en el periodo ya final de la dictadura, como lo acredita el caso Ruano, el estudiante que fue asesinado por la Brigada Político-Social hace ahora 40 años. Así resulta recogido con exactitud en obras recientes sobre ese periodo histórico, como el trabajo de Nicolás Sartorius en el que se da cumplida cuenta del “papel estratégico” que desempeñaba este servicio en esa etapa histórica con el mantenimiento intensivo de la tortura bajo la dirección de Saturnino Yagüe González y la constante y durísima actuación de Antonio Juan Creix en Catalunya, el País Vasco y Andalucía.

En la obra que en su día publicó Antoni Batista –sobre los archivos de la Jefatura de Barcelona–, advertía de la necesidad de que las generaciones más jóvenes conocieran los atestados e informes de dichas brigadas, porque lo que hoy puede hacer sonreír “por la propia redacción, macarrónica y ampulosa, llena de esos gerundios policiales que tanto mal hacían a los ojos de Salvador Espriu” ocultan una actividad directamente delictiva y represora que no se puede ni se debe olvidar.
Por esta razón, y en memoria de tantos demócratas y antifranquistas que sufrieron durísimamente su actuación, esta debe ser conocida y difundida públicamente. Y para compensar, si ello fuera posible, la impunidad que a los responsables políticos franquistas, a los ministros de la Gobernación y a los ejecutores materiales de tantos crímenes otorgó la ley de amnistía de 1977.

Carlos Jiménez Villarejo, presidente del Comité de Ética de la Policía de Catalunya.

Articulo publicado en El Periódico el 24 de enero. La ilustración es de Miquel Zueras.