Un invento ejemplar, la medida de los siglos, es digna de atención. Los cambios de centuria, por no hablar del cambio de milenio, como aquel que puso patas arriba a Europa en el año 1000, traen mucha agitación. El cerebro de quienes habitan el calendario cristiano gira dos grados y rehace sus ideas en cada inicio de centuria. Son cambios que tardan en llegar al espectáculo mediático, siempre ocupado con menudencias frenéticas. Digámoslo claro: el cambio de siglo tarda una década en producirse. Obsérvense los dos últimos.
En 1800 acaba el siglo XVIII y comienza el XIX, pero eso no es cierto hasta que en 1814 las potencias absolutistas derrotan a Napoleón y lo mandan a Elba. Solo entonces podemos admitir que el siglo XVIII se ha agotado. Una vez descartado el tirano, Europa se rehízo de arriba abajo y decapitó lo que quedaba de nobleza. Comenzaba la democracia de masas.
En 1900 acababa el siglo XIX, pero su final verdadero no llegó hasta 1914, cuando estalla la primera guerra mundial, que no era sino la función de apertura del siglo XX, cuyo signo heráldico es la hecatombe nuclear. Esa primera guerra, mero prólogo de la segunda, señala el punto de llegada del nuevo siglo a la conciencia universal. Luego, Revolución en Rusia, disolución de los imperios centrales, cataclismos coloniales, fascismo nipón, revolución en China, barbarie nazi; en fin, las grandes matanzas que han dado al siglo XX su tétrico escudo de armas.
También nosotros hemos estrenado milenio y vamos camino de celebrarlo. La mutación de las mentalidades es tan lenta como en anteriores ocasiones, pero eso que se denomina «crisis económica» no parece sino un aviso de que la inauguración oficial, con sus juegos de artificio y la pulverización de las momias, tendrá lugar en esta década que ahora comienza.
Razón por la cual creo llegado el momento de ir tirando a la basura todo lo que ha sido popular, heroico, masivo, tópico o distinguido durante el infame siglo XX. Que nada quede entre nosotros de esos 100 años que hieden a carne podrida. Año nuevo, cerebro limpio.

Artículo publicado en El Periódico del 2 de enero, su autor es Félix De Azúa.

Dejadme que me ponga algo localista. Se que este blog lo lee gente que no es de España y que no tiene por que saber – o no le importe – lo que se cuece en este, nuestro reino de España, que no sepa lo que es un Estatut o lo que significa ser catalán. Pero creo que como catalán – y como español – es mi deber hacerme eco de esta iniciativa, inédita en este país, en donde 12 diarios catalanes se han puesto de acuerdo para publicar el editorial que más abajo reproduzco. Una iniciativa que, en mi opinión, deberían tomar nota otros colectivos, como por ejemplo la clase política española.

Editorial conjunto redactado y publicado por: El Periódico, La Vanguardia, Avui, El Punt, Diari de Girona, Diari de Tarragona, Segre, La Mañana, Regió 7, El 9 Nou, Diari de Sabadell y Diari de Terrassa.

La dignidad de Catalunya

Después de casi tres años de lenta deliberación y de continuos escarceos tácticos que han dañado su cohesión y erosionado su prestigio, el Tribunal Constitucional puede estar a punto de emitir sentencia sobre el Estatut de Catalunya, promulgado el 20 de julio del 2006 por el jefe del Estado, el rey Juan Carlos, con el siguiente encabezamiento: «Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado, los ciudadanos de Catalunya han ratificado en referendo y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica». Será la primera vez desde la restauración democrática de 1977 que el alto tribunal se pronuncia sobre una ley fundamental refrendada por los electores. La expectación es alta.
La expectación es alta y la inquietud no es escasa ante la evidencia de que el Tribunal Constitucional ha sido empujado por los acontecimientos a actuar como una cuarta Cámara, confrontada con el Parlament de Catalunya, las Cortes Generales y la voluntad ciudadana libremente expresada en las urnas. Repetimos, se trata de una situación inédita en democracia. Hay, sin embargo, más motivos de preocupación. De los 12 magistrados que componen el tribunal, solo 10 podrán emitir sentencia, ya que uno de ellos (Pablo Pérez Tremps) se halla recusado tras una espesa maniobra claramente orientada a modificar los equilibrios del debate, y otro (Roberto García-Calvo) ha fallecido. De los 10 jueces con derecho a voto, cuatro siguen en el cargo después del vencimiento de su mandato, como consecuencia del sórdido desacuerdo entre el Gobierno y la oposición sobre la renovación de un organismo definido recientemente por José Luis Rodríguez Zapatero como el «corazón de la democracia». Un corazón con las válvulas obturadas, ya que solo la mitad de sus integrantes se hallan hoy libres de percance o de prórroga. Esta es la corte de casación que está a punto de decidir sobre el Estatut de Catalunya. Por respeto al tribunal –un respeto sin duda superior al que en diversas ocasiones este se ha mostrado a sí mismo–, no haremos mayor alusión a las causas del retraso de la sentencia.

Avance o retroceso
La definición de Catalunya como nación en el preámbulo del Estatut, con la consiguiente emanación de símbolos nacionales (¿acaso no reconoce la Constitución, en su artículo 2, una España integrada por regiones y nacionalidades?); el derecho y el deber de conocer la lengua catalana; la articulación del Poder Judicial en Catalunya, y las relaciones entre el Estado y la Generalitat son, entre otros, los puntos de fricción más evidentes del debate, a tenor de las versiones del mismo, toda vez que una parte significativa del tribunal parece estar optando por posiciones irreductibles. Hay quien vuelve a soñar con cirugías de hierro que cercenen de raíz la complejidad española. Esta podría ser, lamentablemente, la piedra de toque de la sentencia.
No nos confundamos, el dilema real es avance o retroceso; aceptación de la madurez democrática de una España plural, o el bloqueo de la misma. No solo están en juego este o aquel artículo, está en juego la propia dinámica constitucional: el espíritu de 1977, que hizo posible la pacífica transición. Hay motivos serios para la preocupación, ya que podría estar madurando una maniobra para transformar la sentencia sobre el Estatut en un verdadero cerrojazo institucional. Un enroque contrario a la virtud máxima de la Constitución, que no es otra que su carácter abierto e integrador. El Tribunal Constitucional, por consiguiente, no va a decidir únicamente sobre el pleito interpuesto por el Partido Popular contra una ley orgánica del Estado (un PP que ahora se reaproxima a la sociedad catalana con discursos constructivos y actitudes zalameras).

Los pactos obligan
El alto tribunal va a decidir sobre la dimensión real del marco de convivencia español, es decir, sobre el más importante legado que los ciudadanos que vivieron y protagonizaron el cambio de régimen a finales de los años 70 transmitirán a las jóvenes generaciones, educadas en libertad, plenamente insertas en la compleja supranacionalidad europea y confrontadas a los retos de una globalización que relativiza las costuras más rígidas del viejo Estado-nación. Están en juego los pactos profundos que han hecho posibles los 30 años más virtuosos de la historia de España. Y llegados a este punto es imprescindible recordar uno de los principios vertebrales de nuestro sistema jurídico, de raíz romana: Pacta sunt servanda. Lo pactado obliga.
Hay preocupación en Catalunya y es preciso que toda España lo sepa. Hay algo más que preocupación. Hay un creciente hartazgo por tener que soportar la mirada airada de quienes siguen percibiendo la identidad catalana (instituciones, estructura económica, idioma y tradición cultural) como el defecto de fabricación que impide a España alcanzar una soñada e imposible uniformidad. Los catalanes pagan sus impuestos (sin privilegio foral); contribuyen con su esfuerzo a la transferencia de rentas a la España más pobre; afrontan la internacionalización económica sin los cuantiosos beneficios de la capitalidad del Estado; hablan una lengua con mayor fuelle demográfico que el de varios idiomas oficiales en la Unión Europea, una lengua que, en vez de ser amada, resulta sometida tantas veces a obsesivo escrutinio por parte del españolismo oficial, y acatan las leyes, por supuesto, sin renunciar a su pacífica y probada capacidad de aguante cívico. Estos días, los catalanes piensan, ante todo, en su dignidad; conviene que se sepa.
Estamos en vísperas de una resolución muy importante. Esperamos que el Constitucional decida atendiendo a las circunstancias específicas del asunto que tiene entre manos –que no es otro que la demanda de mejora del autogobierno de un viejo pueblo europeo–, recordando que no existe la justicia absoluta, sino solo la justicia del caso concreto, razón por la que la virtud jurídica por excelencia es la prudencia. Volvemos a recordarlo: el Estatut es fruto de un doble pacto político sometido a referendo.

Solidaridad catalana
Que nadie se confunda, ni malinterprete las inevitables contradicciones de la Catalunya actual. Que nadie yerre el diagnóstico, por muchos que sean los problemas, las desafecciones y los sinsabores. No estamos ante una sociedad débil, postrada y dispuesta a asistir impasible al menoscabo de su dignidad. No deseamos presuponer un desenlace negativo y confiamos en la probidad de los jueces, pero nadie que conozca Catalunya pondrá en duda que el reconocimiento de la identidad, la mejora del autogobierno, la obtención de una financiación justa y un salto cualitativo en la gestión de las infraestructuras son y seguirán siendo reclamaciones tenazmente planteadas con un amplísimo apoyo político y social. Si es necesario, la solidaridad catalana volverá a articular la legítima respuesta de una sociedad responsable.

Si la reforma de Esperanza Aguirre toma cuerpo (lo dudo: hay mucho miedo a combatir el miedo), los profesores contarán con un arma de defensa. Si un chaval les rompe la cara podrá ser imputado de un delito contra la autoridad. No acabo de entender que eso traiga sosiego, porque, dada la ley del menor, no hace falta que le rompa la cara al profesor, puede aserrarlo en dos y tampoco le pasará nada. La justicia española, como todo lo de la raza, es un rompecabezas: sirve para partirnos la crisma.
El endemoniado asunto de la mala educación española no pueden resolverlo nuestros actuales políticos, porque en gran medida son gente que no entiende la necesidad de la educación. No digo mi ministro, que se trata de una excelente persona y un sabio (aunque por el reparto de competencias solo pueda ejecutar faenas de aliño), pero sí buena parte de la clase política central, autonómica y municipal.
Supongo yo que ningún periódico osaría investigar el grado de estudios de la élite política. Sería peligroso. Sin embargo, basta con lo que leemos en el currículo de sucesivos nombramientos para percatarnos de que muchos de los actuales responsables de la decisión administrativa solo han terminado el bachillerato, y no todos. Es verdad que hablo sin datos, pero me temo que esos datos han de ser más secretos que los ingresos reales de sus señorías.
El caso es que nuestros numerosos políticos tienen empleos a los que no afecta la crisis, ganan sueldos de ejecutivo, ejercen un trabajo muy descansado y reciben unas pensiones fastuosas. Dicho en breve, han triunfado en la vida. Han logrado eso que todos los españoles desean: currar lo menos, buen rollo en el tajo, salir en la tele y cobrar un pastón. Ricos y famosos.
Podría suceder que pensaran como esos triunfadores, casi todos del ramo del tocho, que miran con estupefacción al hijo que quiere estudiar. Si persiste, llega un momento en que su padre le suelta el grito eterno, inmortal: «¡Pero no ves, desgraciao, que los estudios impiden triunfar en la vida! ¡Mírame a mí!». Y lleva razón.

Artículo publicado en El Periódico el 19 de septiembre, su autor es Félix De Azúa.